VPO a «precios abusivos»

El Ayuntamiento de Sevilla abrió una convocatoria para adjudicar 92 viviendas de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) en el “Residencial Cruz del Campo”, promovido por EMVISESA.

Hay una variedad de tipos de viviendas protegidas, cuyas siglas responden al tipo de protección que poseen. Todas las casas con protección tienen un precio de mercado inferior al de las viviendas libres y cuentan con unas limitaciones respecto a su venta, acceso, uso, etc.

En este caso, VPPL hace referencia a Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado. Son casas construidas en suelo protegido y con un precio de venta o alquiler limitado por la administración. Su precio es asequible y su superficie máxima es de 150 m2. Además, la VPPL deberá estar destinada a primera residencia.

Las Viviendas de Protección Pública de Precio Limitado, cuentan además las siguientes serie de características:

  • Están sujetas a un PMLV (Precio Máximo Legal de Venta).
  • Para realizar obras o reformas, habrá que obtener la autorización de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.
  • El régimen de protección será de 20 años desde la fecha de la calificación definitiva.
  • Si se consigue una VPPL, habrá que instalarse antes de que pase un año desde que se entregó.
  • Se podrá solicitar su descalificación cuando hayan pasado 15 años desde que se efectuó la calificación definitiva.

Volviendo a las viviendas, ubicadas en la antigua fábrica de Cruzcampo, cuentan con 2, 3 y 4 dormitorios, garaje y trastero y a pesar de tratarse de viviendas protegidas, los precios superan los 200.000 euros, lo que ha generado críticas entre los sevillanos. Para acceder a la vivienda más barata, un comprador necesitaría al menos 40.000€ en ahorros, algo inalcanzable para muchos, dado el salario medio en Sevilla.

Partiendo de la base de la función de una vivienda de VPO, es decir, “las viviendas protegidas o Viviendas de Protección Oficial (VPO) ofrecen condiciones ventajosas a los compradores con el objetivo de facilitar el acceso a una casa propia a personas o familias que por distintas circunstancias (renta, edad, pertenencia a determinados colectivos) encuentran dificultades para ello”, son muchos los usuarios que han manifestado su disconformidad respecto a estos “precios abusivos”.

Según apuntan muchos de ellos, el precio de estas viviendas es tan alto que aquel sector al que va dirigido la vivienda de protección oficial como los jóvenes que buscan un primer hogar para emanciparse o las familias que tienen un nivel adquisitivo más bajo, no podrán acceder a ellas.

«Las viviendas de VPO a precio de gente que sí la puede pagar y no necesita una VPO», reflexiona un usuario. «Si alguien puede pagar 200.000€ puede permitirse cualquier vivienda», añade otro.

Sin embargo, otras personas también argumentan estos precios con la situación del mercado en dicha zona de Sevilla, apuntando que una vivienda de las mismas características con carácter privado puede venderse entre 300.000€ y 400.000€ por lo que tendría sentido los precios impuestos en las de VPO.

En una época en la que las VPO se han convertido para muchos en la única formar de ser propietarios, también desde la Junta defienden la subida de los precios de las viviendas protegidas y alegan que «el precio de la vivienda siempre nos parece elevado, pero tenemos que saber que construir es caro».

Esta situación deja en evidencia la necesidad de replantear los criterios de adjudicación y los precios de la vivienda protegida, garantizando que realmente cumplan su función social y no se convertirán en una opción solo para quienes tienen recursos.

En este contexto, el compromiso del Gobierno con Bruselas para la construcción de viviendas a gran escala será clave para evaluar si realmente se está avanzando hacia una solución efectiva o si, como en este caso, el acceso a una vivienda digna sigue siendo un privilegio para unos pocos.

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